Carta abierta a la Ministra de Juventud e Infancia
sobre necesidades de los educadores sociales y
de las personas menores de edad
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| Foto de "El Independiente", de Granada. |
Presentación
Como bien sabéis, El 10 de marzo de 2025, una educadora social fue asesinada en Badajoz, en un piso tutelado para personas menores de edad. La víctima, Belén Cortés, de 35 años, era la única trabajadora a cargo de los chicos/as en la noche del asesinato. Tres jóvenes, de 14, 15 y 17 años, que vivían en el piso, fueron detenidos. Tras el triste incidente, se organizaron manifestaciones y concentraciones en todo el país para exigir mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del sector social.
Durante unos cuantos días, el eco y el dolor producido por esta noticia sacudió los corazones de todos/as, desde aquí queremos enviar nuestro apoyo a la familia de Belén. Sin embargo, ahora parece que se apaga el fuego despertado por la noticia y la llama se desvanece.
Este desgraciado suceso es la explosión, la punta del iceberg de una situación de riesgo, precariedad laboral e inseguridad que muchos educadores sociales viven a diario, teniendo que "normalizar" situaciones laborales que no lo son y que les impiden realizar su trabajo en unas condiciones dignas en cuanto a salario y seguridad. Todo ello repercute en su autocuidado y en el cuidado de los niños y adolescentes, que como sabemos, muchos de ellos presentan alteraciones conductuales como consecuencia de los traumas tempranos que sufrieron y que afectan severamente a su empatía y desarrollo moral.
Desde el Diploma de Postgrado en Traumaterapia Sistémica de Barudy y Dantagnan y equipo, quisimos movilizarnos. Conocemos de cerca la realidad que viven los educadores sociales porque con nosotros se han formado muchos de ellos/as. Además, realizamos una labor de supervisión de su trabajo en varios centros del estado y sabemos cuál es su situación y sus necesidades.
Algunos miembros del equipo docente del Postgrado sentimos que era necesario hacer algo que pudiera influir para promover una profunda reflexión y evaluación de la situación y funcionamiento de estos centros, que dista mucho de ser reparadora de las heridas traumáticas de los niños/as y adolescentes y segura para todos/as. Surgió la oportunidad de hacerle llegar una carta a la Ministra de Infancia y Juventud. A pesar de nuestro entusiasmo y esfuerzo, esta carta no ha recibido respuesta. Silencio administrativo.
Como no queremos que nuestras reflexiones y peticiones en pro de los educadores sociales, las personas menores de edad desprotegidas y los profesionales y la infancia, en general, quedaran en el olvido, ahora que parece que la tragedia -que nunca tenía que haber ocurrido- de la muerte de Belén en Badajoz ha dejado de ser noticia, nosotros hacemos público este escrito a través de este blog que recibe más de 20.000 visitas al mes, y llega a muchos países, y es leído y seguido por numerosos profesionales -algunos de ellos ocupan puestos sustantivos-, por si puede ser útil para pensar y cambiar lo que no se está haciendo bien y urge modificar. Los educadores sociales se lo merecen y lo necesitan. Los niños y adolescentes, también. A quien corresponda.
El blog, como es costumbre, se toma unas vacaciones de verano. Regresamos en el m
En verano sí publicaremos los podcast del canal de YouTube Buenos tratos
¡Muchas gracias a todos y todas por vuestro apoyo, sin el cual este blog no sería posible!
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Instituto de Investigación-Acción sobre Violencia y Promoción de la Resiliencia (IFIV)
27 de marzo de 2025. Barcelona
A la atención de la Ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España
Asunto: Urgente necesidad de mejora de los sistemas de protección y reforma en el Estado español
Estimada Sra. Ministra,
Nos dirigimos a usted con profunda preocupación y urgencia tras el trágico asesinato de una trabajadora social en un centro de reforma. Este suceso ha puesto en evidencia las graves deficiencias en la seguridad y protección de los trabajadores del ámbito social que desempeñan su labor en estos y otros entornos de similar complejidad.
El equipo de profesionales abajo firmantes somos formadores y docentes del Instituto de Investigación-Acción sobre Violencia y Promoción de la Resiliencia (IFIV), codirigido por Maryorie Dantagnan y Jorge Barudy. Esta red agrupa a más de 600 profesionales (educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras y otros especialistas afines) formados en Traumaterapia Sistémica Infanto-Juvenil® interviniendo en el ámbito de la protección y reforma con infancia en el estado español.
Desde nuestra experiencia, constatamos que muchos niños, niñas y adolescentes víctimas de adversidad son atendidos tanto en el sistema de protección como en el de reforma. Aunque estos sistemas responden a itinerarios diferenciados, en la práctica a menudo confluyen:
-Un punto de partida subyace en que una de las consecuencias de la exposición a adversidades tempranas es la mayor propensión a la comisión de actos delictivos en la adolescencia. (1) (2)
-El maltrato y la adversidad en la infancia en todas sus formas es un factor psicosocial vinculado con la enfermedad mental (3) (4), con enfermedades médicas (5) y los trastornos emocionales y de conducta (6). Toda inversión en la infancia y la adolescencia es actuar para trabajar en pro de un mayor bienestar adulto, ciudadanos responsables y comprometidos y reducción del gasto público futuro en servicios sociales y sanitarios (7).
-En este mismo sentido, los graves problemas psicológicos, emocionales y sociales derivados de infancias marcadas por la adversidad pueden llevar, en ausencia de una intervención eficaz, a que niños y adolescentes tutelados mayores de 14 años terminen internados en centros de reforma para el cumplimiento de medidas judiciales. Es decir, cuando el sistema de protección fracasa, puede facilitar la evolución de las problemáticas infantiles hacia conductas delictivas o de riesgo y derivar en la necesidad de medidas de reforma o reinserción social.
-Actualmente, existe una fractura alarmante entre lo que la reparación del daño requiere para la atención integral de estos menores y lo que se está ofreciendo dentro de un sistema de protección desabastecido, erosionado y desatendido. Además, la propia protección de los profesionales que sostienen estos sistemas está siendo ignorada, generando una paradoja de desprotección tanto para los trabajadores como para los niños, niñas y adolescentes que deberían estar bajo cobertura institucional.
-Igualmente, ocurre que, aunque los niños/as atendidos en los sistemas de reforma no provengan de un sistema de protección, puede suceder que las condiciones previas de asistencia en sus propios hogares también hayan carecido del suficiente sustrato de atención a sus necesidades; por lo que se deriva en problemas de ajuste ecológico del niño o la niña que pueden derivar también en la comisión de delitos. En muchos casos han sufrido tempranas, graves y continuadas experiencias de malos tratos por parte del mundo adulto que no fueron detectadas ni atendidas en su momento.
-Aunque ninguno de los escenarios anteriores sea válido y los niños y niñas atendidos en sistema de reforma procedan de circunstancias más estabilizadas y bientratantes, todos ellos van a requerir enfoques relacionados con la protección y el bienestar por la propia situación de vulnerabilidad que el hecho de la minoría de edad confiere. Esta protección y bienestar sólo puede procurarse desde una atención profesional que esté provista de seguridad física, jurídica y económica.
Desde nuestro conocimiento de los centros de protección y reforma, tanto en la figura de supervisores como en la función de formadores de profesionales que atienden a estos colectivos, solicitamos la atención urgente a las siguientes necesidades en aras de proteger a los trabajadores y a los propios niños.
Los criterios de adjudicación para la gestión de recursos de protección y reforma difícilmente pueden basarse en economía de mercado, con una base de adjudicación en términos económicos, sino que, dada la especificidad y vulnerabilidad del sector que se atiende, han de priorizar criterios como los que a continuación se especifican:
1. Profesionalización del sector: salarios dignos, protección jurídica y condiciones laborales que permitan la estabilización de profesionales cualificados, evitando así la rotación del personal, lo que perjudica seriamente la necesidad de permanencia de figuras adultas que los niños, niñas y adolescentes afectados por trauma necesitan.2. Garantizar las contrataciones dentro de los niveles de cualificación requeridos. Es una práctica habitual que en este tipo de centros se realicen degradaciones de los profesionales en niveles inferiores con una finalidad de beneficio económico de la entidad.3. Se requiere protección para los trabajadores de centros incluyendo en sus salarios pluses de peligrosidad y presencia de seguridad, cuando existan situaciones de riesgo, como en los centros de reforma y los centros de protección de especial complejidad. En tanto que los profesionales sienten que su integridad personal, e incluso su vida, está amenazada, resulta imposible brindar protección o cuidado. En estas condiciones, la labor del profesional se traduce en un intento de supervivencia que aleja obligatoriamente al ser humano de su capacidad de brindar cuidado y protección.4. Promover criterios de asignación de centro de acogida según las necesidades de las personas menores de edad, siendo que en multitud de ocasiones la asignación de plaza es residual (la plaza que esté libre). Urge modificar este modelo y adecuar el centro a las necesidades de las personas menores de edad, de acuerdo con una evaluación de sus perfiles. Agrupar en un mismo centro de acogida a menores que han sufrido desprotección temprana y que han iniciado una trayectoria delictiva junto con otros niños y niñas que no han seguido ese camino implica un grave riesgo de revictimización para estos últimos, incluso bajo el amparo de una medida considerada supuestamente protectora. Esta situación no solo pone en jaque la labor de los profesionales del sector, sino que tiene repercusiones aún más profundas y perjudiciales para los menores que conviven en muchos de estos centros.5. Se hacen necesarias evaluaciones en profundidad de la estructura y funcionamiento de los centros de forma periódica, garantizando el buen funcionamiento de estos y la salud física y psíquica de los convivientes (trabajadores y personas menores de edad).6. Se necesitan infraestructuras que se ajusten a las necesidades de los trabajadores y personas menores de edad. Es imprescindible que los hogares estén ubicados en entornos normalizados donde exista la posibilidad de acceso a la comunidad y que cuenten con la suficiente capacidad para acoger espacios personales propios tanto para los profesionales como para los usuarios. La sobrecarga de espacios dificulta la convivencia generando situaciones de estrés en los trabajadores y en los niños/as, lo que obstaculiza el bienestar y reparación de los niños/as. Por su parte se hace necesario eliminar la existencia de macrocentros residenciales que desdibujan la labor educativa y terapéutica.7. Se ha de garantizar la atención terapéutica especializada para los niños, niñas y adolescentes que manifiestan sufrimiento mental, lo que requiere de evaluaciones previas en torno a las necesidades de cada menor de edad. A su vez, se ha de atender a los profesionales en una obligatoriedad de establecimiento de cultura de acompañamiento y supervisión a la labor profesional. Este aspecto aunque se va extendiendo, no está instaurado en muchas de las entidades que atienden a estos colectivos.8. Proveer a ambos sistemas de recursos personales, materiales y económicos necesarios para su óptimo desempeño, siendo las ratios necesarias de dos/tres niños por profesional. La labor profesional no se limita únicamente a satisfacer necesidades fisiológicas y funcionales, sino que también se enfoca en reparar, a través de programas terapéuticos, las afectaciones en el neurodesarrollo provocadas por experiencias de malos tratos y adversidad temprana. Asimismo, busca fomentar un desarrollo óptimo en los ámbitos académico, social y personal.9. Requerir formación especializada para todos los profesionales sobre las consecuencias de los malos tratos en los niños, niñas y adolescentes, con el fin de poder satisfacer sus necesidades particulares y ofrecer cuidados con impacto educativo y terapéutico.10. Garantizar protocolos de atención al profesional y a los usuarios de centros en los que se promueva la seguridad de la comunidad de convivencia y la apertura de los centros a sus entornos inmediatos, participando en los vecindarios de forma activa y en mutua colaboración. Esto implica señalar la necesidad de promover estándares de comunicación y cooperación interprofesional y multisistémica con los centros de salud, centros educativos y/o profesionales, ONGs, etc.
Mejorar estos sistemas es una prioridad para todos. Confiamos en que estas propuestas puedan contribuir a incrementar el bienestar de los niños y niñas en situación de especial vulnerabilidad y las condiciones de trabajo de los profesionales que les atienden. Es una preocupación común el garantizar la defensa de los derechos de los niños/as y la protección social de sus adultos de referencia.
Quedamos a su disposición para cualquier requerimiento que considere.
Entretanto reciba un cordial saludo.
Jorge Barudy (Neuropsiquiatra)
Rafael Benito Moraga (Psiquiatra)
Maryorie Dantagnan (Psicóloga y Pedagoga)
Cristina Herce (Psicóloga)
Icíar García (Dra. Psicología)
José Luis Gonzalo (Psicólogo)
REFERENCIAS
1. Moffitt TE. Childhood exposure to violence and lifelong health: clinical intervention science and stress-biology research join forces. Dev Psychopathol. 2013 Nov;25(4 Pt 2):1619–34.
2. Howell KH, Barnes SE, Miller LE, Graham-Bermann SA. Developmental variations in the impact of intimatepartner violence exposure during childhood. J Inj Violence Res. 2014 Jan 1;
3. Kisely S, Abajobir AA, Mills R, Strathearn L, Clavarino A, Najman JM. Child maltreatment and mental health problems in adulthood: Birth cohort study. British Journal of Psychiatry [Internet]. 2018 Sep 28 [cited 2018 Oct 5];213(6):698–703. Available from: https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0007125018002076/type/journal_article
4. Björk Daníelsdóttir H, Aspelund T, Shen Q, Halldorsdottir T, Jakobsdóttir J, Song H, et al. Adverse Childhood Experiences and Adult Mental Health Outcomes. JAMA Psychiatry [Internet]. 2024 Jun 1 [cited 2024 Jun 6];81(6):586–94. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2815834
5. Petruccelli K, Davis J, Berman T. Adverse childhood experiences and associated health outcomes: A systematic review and meta-analysis. Child Abuse Negl. 2019 Nov 1;97:104127.
6. Gruhn MA, Compas BE. Effects of maltreatment on coping and emotion regulation in childhood and adolescence: A meta-analytic review. Child Abuse Negl. 2020 May 1;103:104446.
7. Grummitt L, Baldwin JR, Lafoa’I J, Keyes KM, Barrett EL. Burden of Mental Disorders and Suicide Attributable to Childhood Maltreatment. JAMA Psychiatry [Internet]. 2024 Aug 1 [cited 2024 Aug 8];81(8):782–8. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2818229
BIBLIOGRAFÍA
Barudy, J.; Dantagnan, M. (2005). Los buenos tratos a la infancia. Parentalidad, apego y resiliencia. Barcelona: Gedisa Editorial.
Barudy, J.; Dantagnan, M. (2010). Los desafíos invisibles de ser madre o padre. Manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental. Barcelona: Gedisa Editorial.
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